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¿LIBERTAD DE EXPRESIÓN O DISCURSOS DE ODIO?

«Tengamos un poco más de cuidado con las cosas que escribimos en la pantalla«

Esas fueron las palabras de Fernanda Russo, quien practica tiro deportivo y es una de las representantes de la delegación argentina en los Juegos Olímpicos. Después de su segunda participación en los juegos, invitó a la reflexión acerca de los mensajes que le hicieron llegar. Si bien indica que junto a su compañero en el deporte recibieron muchos comentarios afectuosos y de felicitaciones, también hubo otros “mensajes de odio y muchos ataques injustificados en las redes«.

Sin tener en cuenta la dedicación previa, los nervios y las ganas de que el esfuerzo tenga premio y de que jueguen a favor otros factores que exceden al deportista de cualquier competencia, a algunxs su performance no les pareció satisfactoria y eso les dio derecho a valerse de la crueldad en sus comentarios. «Nos quería llamar a la reflexión un minuto como argentinos”, dijo la deportista en su video. Y, la verdad es que, como se presenta Fernanda en su perfil de Instagram, no hay quien no sea en mayor o menor grado “sensible al mundo” y a su discurso.

Esta semana también salieron a la luz unos viejos tuits que la candidata del PRO como diputada por la Ciudad de Buenos Aires, Sabrina Ajmechet, había publicado con algunas controversiales opiniones sobre Malvinas, que otros políticos comparten y anuncian sin ningún prurito. Pero, además, se rescataron otros que intentó borrar rápidamente aunque quedaron capturados por algunxs usuarixs. En ellos, las expresiones manejan un alto nivel de violencia, como, por ejemplo cuando escribe: “Desperdicié la oportunidad de atropellar a un grupito de estudiantes del Pellegrini”. Si bien la candidata salió a explicar sus caracteres, Twitter ha demostrado ser la red del desparpajo y el digo lo que se me canta cuando quiero y a quien quiero.

Por otro lado, Luis Juez, quien no hace mucho había declarado sin filtro: “Sugiero al fiscal que empiecen a probar los penes de madera con vacunados VIP”, se despachó esta semana, enojado por su candidatura dudosa a senador, con otra bestialidad: “No hay un puto senador que se anime a parársele a Cristina”, lo que fue considerado simplemente “otro exabrupto” por el Diario Clarín.

También, en las redes sociales, circuló un video que subió la policía de Chubut durante un entrenamiento en el que un cántico amenazante advierte a los “piqueteros” que la policía, resguardada por la oscuridad de la noche, entrará “a la villa”. El canto, que repiten los soldados como parte de su formación, refuerza las múltiples denuncias que esta Policía tiene por violencia institucional, según consta en el Banco de Datos de Casos de Torturas y otros Tratos Crueles, Inhumanos y Degradantes del Ministerio de la Defensa Pública de dicha provincia.

¿La libertad de expresión tiene límites? ¿La humillación, el desprestigio o la incitación al odio mediante el discurso son válidos dentro del derecho a expresarse libremente?

Terminar con los discursos de odio implica legislar restricciones a la libertad de expresión que es un derecho fundamental y esencial para la humanidad. Sin la posibilidad de opinar con libertad, las personas están condenadas a la opresión.

Pero…, en ocasiones, la libertad de expresión esconde que lxs otrxs, persona o grupo social, no tienen el mismo derecho que el que habla. Muchas veces, el mal uso de la libertad de expresión hace apología de hechos aberrantes como el racismo, el genocidio o incitación a la violencia poniendo en peligro la vida o la integridad física de alguna o muchas personas. Y, en algunos casos, esa diferencia de derechos incluye el derecho a vivir. Como se desprende del cántico de la policía en Chubut que fue justificado posteriormente por el ministro de Seguridad provincial, Federico Massoni. De acuerdo con su explicación, los piqueteros que reclaman alguna injusticia social son delincuentes que viven en villas. Es decir, que el cántico constituye un «hecho flagrante de discriminación y estigmatización de los sectores vulnerables«, como redactó en una nota Gabriel Fuks, secretario de Articulación Federal de la Seguridad, dirigida al gobernador de la provincia, Mariano Arcioni.

Legislación ¿vigente?

El Artículo 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (1978) en el primer apartado declara que: “Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento y de expresión. Este derecho comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole, sin consideración de fronteras, ya sea oralmente, por escrito o en forma impresa o artística, o por cualquier otro procedimiento de su elección”.

Previamente, la Declaración Universal de Derechos Humanos (1948), en el artículo 19, también indica que todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión; este derecho incluye el de no ser perseguido o segregado a causa de sus opiniones. Añade, en el Artículo 29, inciso 2, que el ejercicio de los derechos y el disfrute de sus libertades estará solamente sujeta a las limitaciones establecidas por la ley con el único fin de asegurar el reconocimiento y el respeto de los derechos y libertades de los demás.

En Argentina, la Ley 23.592, contra actos discriminatorios, es de 1988. En su artículo 3 prescribe la pena de prisión entre un mes y tres años para quienes “por cualquier medio alentaren o iniciaren a la persecución o el odio contra una persona o grupos de personas a causa de su raza, religión, nacionalidad o ideas políticas”. Para aplicar la sanción debe existir un nexo causal entre la incitación al odio y la creación de un clima proclive a la discriminación y a la violencia.

Sin duda, 1948, 1978 o 1988 ya pertenecen a un pasado que no concebía la existencia de la masificación y globalización del acceso a cualquier tipo de datos o la posibilidad de expresarse no solo a nivel local, como sucede con el avance incontrolable de internet.

Además, por ejemplo, la ley nacional no incluye como motivo de discrimanción la orientación sexual y la identidad de género. Si bien la Comunidad Homosexual Argentina (CHA) promovió en varias ocasiones la modificación de la ley, los proyectos en general no superaron las dos cámaras.

Sin embargo, la ley 5261 antidiscriminatoria de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, se vuelve referencia ya que incluye en el ejercicio igualitario de los derechos y garantías a personas o grupos que sean discriminadas por su “etnia, nacionalidad, color de piel, nacimiento, origen nacional, lengua, idioma o variedad lingüística, convicciones religiosas o filosóficas, ideología, opinión política o gremial, sexo, género, identidad de género y/o su expresión, orientación sexual, edad, estado civil, situación familiar, trabajo u ocupación, aspecto físico, discapacidad, condición de salud, características genéticas, situación socioeconómica, condición social, origen social, hábitos sociales o culturales, lugar de residencia, y/o de cualquier otra condición o circunstancia personal, familiar o social, temporal o permanente”. Es decir, todo el espectro de condiciones que la ley nacional olvida.

La ley porteña, además, advierte que “toda acción u omisión que, a través de patrones estereotipados, insultos, ridiculizaciones, humillaciones, descalificaciones, y/o mensajes que transmitan y/o reproduzcan dominación, desigualdad y/o discriminación en las relaciones sociales, naturalice o propicie la exclusión o segregación” será considerada una violación a la ley. Como también “las conductas que tiendan a causar daño emocional o disminución de la autoestima, perjudicar y/o perturbar el pleno desarrollo personal y/o identitario, degradar, estigmatizar o cualquier otra conducta que cause perjuicio a su salud psicológica y a la autodeterminación de las personas bajo cualquier pretexto discriminatorio”.

Asimismo, en nuestro país, la creación del Instituto Nacional Contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (INADI) tiene entre sus motivaciones principales el establecimiento de políticas como la difusión de contenidos que generen concientización acerca del poder negativo del discurso de odio.

Pero, en general, la legislación y las políticas públicas que tienden a la prevención y educación de la sociedad no logran disminuir las cifras de crímenes de odio que cada vez son más alarmantes. Y que, sin duda, son antecedidos por los discursos de odio y su incitación a la violencia.

¿Qué hacemos con Internet? Democratización, trolls, haters, fake news.

Según un informe del INADI, el discurso de odio encuentra tres canales para propagarse que van de la mano.

El papel tradicional lo tienen los medios de comunicación. Principalmente, porque son los encargados de marcar cuáles son los temas de la agenda pública, pero además porque refuerzan prejuicios de acuerdo al tratamiento que hacen de las noticias. Por ejemplo, que las palabras de Luis Juez sean consideradas un “exabrupto” en el titular del diario más leído en el país no es inocente. De esta forma, los medios contribuyen a crear un clima social que promueve el discurso de odio. Además, de los grandes medios hegemónicos salen muchas veces las noticias falsas que generan desconocimiento y, a su vez, caos. Como sucedió en estos dos años de pandemia con distintas falsas informaciones acerca de las vacunas o los métodos para enfrentar el coronavirus. 

Otro canal por el que el discurso de odio se propaga es el espacio público. Las pintadas o los actos de vandalismo muchas veces atentan contra colectivos a través de la difamación.

Pero, sin duda, el canal que permite en mayor medida la propagación de discursos de odio es Internet. Principalmente, porque a través del “anonimato o su naturaleza transnacional, facilitan la generación y extensión de este discurso y dificultan su sanción”, como dice el Informe que presentó el INADI al respecto en 2020.

La libertad de expresión es la excusa preferida por los proveedores de redes para rechazar regulaciones. Seguramente, dichas regulaciones o límites llevarían a ciertas redes sociales a perder una gran cantidad de usuarios. Clientes, en definitiva.

En el año 2013, la Organización de Estado Americanos, presentó un informe sobre Internet y brindó una serie de consejos acerca de cómo legislar la libertad de expresión en la red. En primer lugar, indicó que las leyes debían ser claras y precisas. Principalmente, porque es mediante Internet como se democratiza la posibilidad de dar a conocer y valorar la opinión de un  “universo creciente de personas, cuya incorporación al debate público es una de las principales ventajas que ofrece Internet como espacio de comunicación global”. Es decir, las limitaciones no pueden quitarle la posibilidad de expresarse o de tener acceso a la información a la cantidad de personas que por fin ha conseguido ese espacio, fomentando la participación política. Y, además, no pueden implicar persecución ideológica, armar listas de personas no gratas y siempre proteger datos personales.

Según el estudio “Countering Online Hate Speech”, llevado a cabo por la UNESCO en 2015, hay algunas aproximaciones no legislativas para brindar posibles soluciones al problema del discurso de odio, principalmente en Internet: la creación de campañas, ya sea por parte de ONGs o del Estado; el monitoreo y reporte de casos a las autoridades pertinentes por parte de la sociedad civil; y, además, el “empoderamiento de usuarios a través de la educación y el entrenamiento con respecto al conocimiento, las capacidades y los aspectos éticos del ejercicio de la libertad de expresión en internet”.

Si bien el derecho a la libertad de expresión es inalienable, ese derecho también implica una responsabilidad que se relaciona principalmente con reconocer cuándo un discurso es una apología del odio que promueve solamente la segregación de un grupo. Y no es un uso apropiado de un derecho ganado e indiscutible sino el abuso de un derecho sobre el de otros, que adquiere más un tinte despótico y discriminador con respecto a quienes no son o no piensan como unx.

Tengamos en cuenta que, después de todo, somos humanxs, como dijo Fernanda. Un besote.

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