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LEY DE HUMEDALES

Este último miércoles varias organizaciones junto con la Multisectorial Humedales, marcharon desde Plaza de Mayo a Congreso, donde se presentó un petitorio con más de 400 agrupaciones para exigir que se trate el proyecto de ley de humedales y que pueda ser votado antes del cierre de este año legislativo.

Es que la ley, de no ser tratada este año, perderá estado parlamentario: presentada de forma reiterada desde el año 2013, en diciembre del año pasado se logró un documento unificado a partir de varios proyectos en la comisión de Ambiente, aunque luego no siguió su curso. Hoy la iniciativa está trabada en la comisión de Agricultura.

Para tratar el tema, primero unas aclaraciones. El marco constitucional para cuestiones ambientales, en nuestro país, está contenido de una manera a gran escala en el artículo 41 de nuestra constitución nacional donde se establece que “todos los habitantes gozan del derecho a un ambiente sano, equilibrado, apto para el desarrollo humano y para que las actividades productivas satisfagan las necesidades presentes sin comprometer las de las generaciones futuras; y tienen el deber de preservarlo. (…) Corresponde a la Nación dictar las normas que contengan los presupuestos mínimos de protección, y a las provincias, las necesarias para complementarlas, sin que aquéllas alteren las jurisdicciones locales.”. 

En este sentido, fue introducido para su tratamiento en el 2020, por tercera vez, el proyecto de ley de presupuestos mínimos para la protección de humedales en nuestro territorio. En Argentina, los humedales representan aproximadamente el 21% del territorio, entre los que encontramos los deltas, esteros, lagunas, turberas, costas marinas y salares altoandinos, entre otros. 

Para su tratamiento en comisión, se convocó a diferentes organizaciones y especialistas que desde ya hace tiempo vienen destacando la importancia y la urgencia de contar con una ley de humedales que contenga todas las disposiciones necesarias para su protección y conservación. 

Entre los principales puntos del proyecto encontramos la Creación de un Inventario Nacional de Humedales, que debe ser actualizado cada 5 años, donde se debe especificar la ubicación, características, actividades que se realizan en ellos y sus beneficios ecosistémicos. 

Se crea también el Fondo Nacional de Humedales (con fondos del presupuesto anual). 

La autoridad de aplicación será el Ministerio de Ambiente (a nivel nacional) y la que cada provincia dictamine para sus territorios. En las áreas protegidas, también se agregará la Administración de Parques Nacionales. 

Entre la sanción de la ley, y la realización del ordenamiento territorial, no se permiten nuevas actividades o ampliación de actividades en humedales (“período de moratoria”). Para el otorgamiento de la autorización de todo tipo de obra o actividad de impacto significativo, sea pública o privada, la autoridad competente de cada jurisdicción deberá someter el pedido de autorización a un procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental (EIA) y Evaluación Ambiental Estratégica (EAE), según corresponda, de acuerdo a su escala de intervención.

Exigir que se sancione y empiece a regir se vuelve un asunto de Justicia Social. Por eso, activemos.

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