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Aborto legal para no morir

Una nueva jornada de lucha

Desde hace treinta años, cada 28 de septiembre se revive la lucha por la definitiva despenalización y legalización del aborto. Este día fue elegido en 1990 en el V Encuentro Feminista Latinoamericano y del Caribe celebrado en Argentina.

En la región, las complicaciones por abortos clandestinos constituyen una de las tres principales causas de muerte entre niñas, adolescentes, mujeres y varones trans. En la Argentina se calcula que abortan de manera clandestina 500.000 mujeres al año aproximadamente, lo que demuestra que la penalización resulta inútil. En realidad, la penalización no reduce los casos, sino que aumenta los riesgos.

El aborto es un procedimiento médico común que realizado en condiciones de seguridad no conlleva riesgos. Por eso, las muertes por aborto son injustas, innecesarias y evitables. Y, además, su penalización es una vulneración a un sinnúmero de derechos humanos como la salud, la dignidad, la integridad personal, a no ser sometido a trato cruel, a decidir. Negar un aborto es tortura.

Por lo tanto, afirmamos que el aborto no solamente atañe a la salud pública, sino que también abarca cuestiones de derechos humanos y de justicia social. Aquellos que se oponen al acceso a un aborto legal, seguro y gratuito o los profesionales que obstaculizan dicho acceso no están a favor de la vida, como quieren hacer creer, sino que responden a fundamentalismos antiderechos que refuerzan la discriminación basada en el género. Además, las muertes por abortos clandestinos son, sin duda, responsabilidad del Estado.

La demanda por la despenalización del aborto es un grito que suma cada año más voces, más países, más redes. La Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito acaba de publicar una carta abierta para exigir la aprobación de su proyecto de ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo. También fue publicada como solicitada en diversos diarios, firmada por un sinfín de personalidades del ámbito público nacional.

Sin duda, a esta demanda se suma la implementación transversal e interdisciplinaria de la Ley de Educación Sexual Integral (Ley 26.150) para que, a través de la educación que nos forma, sean reconocidos los Derechos sexuales y reproductivos como Derechos básicos de todas las personas.

El derecho a decidir sobre nuestros propios cuerpos no puede esperar más.

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